Parece que se acercan días aciagos para la libre circulación de información en la Red de redes.

Gobiernos, proveedores, asociaciones y lobbies se juntan en un frente común destinado a acabar con Internet tal y como lo conoceos hoy. Se trata de un ataque en toda regla a la libertad ciudadana; muchos de sus argumentos se escudan en la protección del usuario en lo que parecerías ser todo un acto de buena gestión y benevolencia por parte de los poderes de gestión más elevados; sin embargo, ¿alguien recuerda todo lo que ha cambiado nuestra realidad cotidiana en pos de la lucha contra el terrorismo?

Francia parece que se ha constituido como adalid del movimiento por la regulación de la red. A su reciente iniciativa de la respuesta gradual (por la cual determinadas conductas de usuarios en la red puede suponer su paulatina desconexión a esta por parte de la mayoría de proveedores franceses) se une la creación de una lista negra de sitios ilegales e inaccesibles desde los operadores galos. ¿No se trata de brindar a la ciudadanía los instrumentos necesarios para la realización de sus actividades? Señores, nos encontramos ante un sesgo de tal magnitud en la libertad de información solo comparable a la CENSURA; sí, así, con mayúsculas.

Por si no fuera poco a la iniciativa francesa le lanzan un guante para ayudarle a conformar su burbuja narcotizante. Se trata de brindar la libertad a los ISP (Proveedores de servicios de Internet) para que graven con cuotas más elevadas a los usuarios que más ancho de banda consuman. Como dice Lawrence Vevel, Decano de la Facultad de Derecho de Massachusetts, este cambio propiciaría una nueva barrera de facto para la producción de los contenidos y la libre y plural circulación de opiniones, permitiría a unos pocos «hacerse rápidamente con las transmisiones a gran velocidad (para su contenido comercial de ínfima calidad) igual que lo hicieron con la radio y la TV, e igual que cuando su comportamiento de increíble búsqueda de beneficios afectó de forma extremadamente dañina al periodismo escrito». La atribución de un estatus artificial de rápida resolución en este sentido supondría un pedestal desde el que las opiniones cogidas con pinzas podrían erigirse en dogma, nos encontraríamos probablemente ante la disfuncionalidad más grande de nuestra era: una nueva Internet repleta de comunicación basura y de información perniciosa sin posibilidad de réplica.

Sin embargo parece que no todo está perdido. Nuestros vecinos italianos han resuelto sancionar a un ISP por filtrar tráfico el P2P (Peer to Peer). La empresa Tele2 fue acusada por la asociación de usuarios ADUC por no ceñirse a los principios de “[…] conformidad con los criterios de objetividad, transparencia, no discriminación y proporcionalidad”. En este sentido, parece que la organización institucional de de las funciones sociales ha caído del lado del ciudadano. Casos como estos pueden aportar un rayo de luz y de esperanza a aquellos que aún creen en el estado como garante de la libertad y regulador de los contenidos; pues en estos días, si pretendemos que el equilibrio social no se descompense, es necesario cogerse hasta de un clavo ardiendo.


Actualización: En relación a este tema Gonzalo Montiel aporta su reflexión basándose en la visión de Noam Chomsky.